Desde hace más de 25 años, el marco fiscal de las empresas familiares ha demostrado su contribución a la continuidad de proyectos empresariales y, por tanto, a la mejora de la competitividad, el dinamismo económico y la recaudación fiscal del país. El marco fiscal de la empresa familiar se concentra en los Impuestos sobre Patrimonio, y sobre Sucesiones y Donaciones, y su objeto principal es salvaguardar los activos productivos con el fin de facilitar la continuidad de los proyectos empresariales. Así, en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) se reconoce una exención para determinados activos productivos, como las participaciones en empresas familiares, de acuerdo con ciertos límites. En el caso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), se establece una reducción estatal en la base imponible del 95% de todos aquellos bienes afectos a la actividad empresarial. Este marco supone, por tanto, que los bienes afectos a actividades económicas, la empresa familiar, goza de un tratamiento fiscal diferenciado y armonizado en todas las comunidades. Además, este marco permite competir internacionalmente en condiciones similares, lo que facilita la permanencia de estas empresas en España.
Este documento analiza el tratamiento fiscal de estos activos productivos en cada una de las Comunidades Autónomas y se recurre para ello a ejemplos que permiten una más fácil comprensión de las diferencias por territorios. Se verá que, para el caso en el que la sucesión o donación está compuesta íntegramente por activos productivos (es decir, por empresas familiares), las diferencias son reducidas entre Comunidades Autónomas. Cuando entran en juego activos no productivos, es decir, activos no vinculados a empresas familiares, las diferencias entre territorios son, lógicamente, mayores, ya que no existe un marco de exenciones y reducciones fiscales común. En este caso, las Comunidades Autónomas tienen más capacidad de diferenciarse fiscalmente.